El representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, envió ayer una carta al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la que hace referencia a la reforma constitucional provincial que desató una ola de protestas y al accionar de la policía para dispersar las manifestaciones.

El objetivo de la carta, según menciona Jarab, es “expresar la preocupación por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado".

Jan Jarab pidió “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia".

En la carta también hizo referencia a los heridos durante la represión y detalla en el escrito: “Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina también recibió información sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.

Por otro lado, menciona también que la ONU “recibió información indicando que, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”.

Pese a esto, la carta continúa con una serie de sitas sobre lo que es considerado derechos humanos cuando se trata de manifestarse de forma pacífica: “El derecho de reunión exige que su ejercicio sea pacífico: los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que 'la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia'. Esto resulta relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes de calles y de rutas y a 'toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas'. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, sostiene Jarab.