Sábado 20 de Octubre, 12:22 hs
KUWAIT

Su mucama colgaba del séptimo piso, la filmó, pero no la ayudó

El caso ocurrió en 2017 en Kuwait y ahora la mujer fue condenada a 20 meses de prisión. La empleada milagrosamente logró sobrevivir.

Una mujer de Kuwait fue condenada a 20 meses de prisión por grabar a su mucama mientras se caía desde el séptimo piso sin demostrar mínima intención de rescatarla. La condenada admitió que tomó imágenes del incidente para demostrar que no tuvo nada que ver. Fue culpada por abandono de persona y deberá ir a la cárcel.

En abril de 2017, se compartió en las redes sociales  un video de 12 segundos en el que se escuchaba a una mujer pedir que la agarren mientras se sujeta con una mano al exterior de una ventana de un séptimo piso, en Sabah Al-Salem, un suburbio de Kuwait. La ayuda no llegó, pero se oye una voz femenina que decía en árabe "no seas loca, vuelve".

 

La mujer de Etiopía, el segundo país más poblado de África,terminó cayendo al vacío y, al final, la cámara se acercó a la ventana para mostrar cómo el cuerpo se estrella contra un techo. En ese entonces, la Fiscalía acusó a la mujer por grabar y publicar el vídeo sin permiso de la víctima.

La autora de las imágenes contó que filmó la situación y la subió a las redes, para no "ser acusada de la muerte", según explicó al diario Alanba. Si bien aseguró que fue un intento de suicidio, la criada lo negó desde la cama del hospital en el que fue ingresada sólo con un brazo roto.

"No estaba tratando de suicidarme, estaba intentando escapar de la mujer que quería matarme", declaró según la traducción de Middle East Eye, y siguió: "La señora me metió al baño y estaba a punto de matarme, sin que nadie lo viera, hubiera tirado mi cuerpo a la basura, así que en lugar de quedarme allí, intenté salvarme y fue cuando me caí".

La Sociedad Kuwaití para los Derechos Humanos denunció que "no hubo cuidado por la vida" de la mucama. En consecuencia, el incidente reabrió el debate sobre el trato a los empleados domésticos en los países árabes, donde es habitual que las familias locales cuenten con varios de ellos a menudo en condiciones que las organizaciones de derechos humanos califican de "servidumbre por contrato".

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