PERÚ

Castillo se presentó a declarar en la investigación por corrupción y aplacó la tensión con la Fiscalía

"No soy parte y no formo parte de ninguna red criminal", dijo el presidente de Perú en declaraciones a la prensa tras retirarse de la sede judicial. El cambio de actitud, de momento, amainó la amenaza de un choque institucional entre el Gobierno y el ente acusador del Estado.
viernes, 5 de agosto de 2022 · 08:05

El presidente de Perú, Pedro Castillo, se presentó contra todo pronóstico ante la Fiscalía, que lo investiga por presuntos actos de corrupción, en un cambio de actitud que de momento amainó la amenaza de un choque institucional entre el Gobierno y el ente acusador del Estado.

Castillo, que en esta primera jornada debía responder sobre presuntos ascensos ilegales en el Ejército y la Policía, estuvo apenas una hora en el despacho de la fiscal general, Patricia Benavides.

"No soy parte y no formo parte de ninguna red criminal", dijo en declaraciones a la prensa tras retirarse de la sede judicial y subrayó que eso es lo que le dijo a la fiscal.

"Voy a demostrar donde sea mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado", enfatizó y calificó de "casos mediáticos" las acusaciones en su contra.

Hasta última hora, el abogado del presidente, Benji Espinoza, había dicho que su cliente no atendería la convocatoria de la Fiscalía, por lo que algunos penalistas y constitucionalistas hablaban ya de la posibilidad de que un juez suspendiera al mandatario en sus funciones.

Un tuit de Castillo poco antes de la diligencia cambió la situación: “Respaldo a mis abogados defensores respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno. Sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”.

De inmediato, Castillo y Espinoza salieron de Palacio y recorrieron a pie los cerca de 500 metros que los separaban de la sede del Ministerio Público, en pleno centro de Lima, en medio de gritos de transeúntes en favor y en contra.

Espinoza dijo primero que constitucionalmente la Fiscalía no puede interrogar a un jefe de Estado en funciones salvo por traición a la patria, pero después redujo la posición a que el encuentro debía ser en Palacio, a lo que Benavides se negó, con el argumento de que era una convocatoria a un investigado y no a un testigo.

El panorama empeoró cuando Castillo publicó el miércoles un tuit en el que se sumó a cuestionamientos que expertos han lanzado contra Benavides por cambios en su equipo que supuestamente favorecen a acusados en otros casos de corrupción.

“El pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ ha sido desmantelado. Notifico a la comunidad internacional sobre estos hechos tan graves sobre lo cuales muchos callan”, escribió.

“Todas las acciones realizadas por el Ministerio Público se llevan a cabo en el marco de la autonomía constitucional, sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática”, respondió de inmediato por la misma vía el ente acusador, tras lo cual Benavides dio entrevistas en las que dijo ser objeto de una “campaña de desprestigio”.



Todo indicaba que las partes irían a un choque de trenes. Para expertos críticos de la estrategia de Espinoza, como Carlos Caro, la negativa a presentarse podría generar que el juez Juan Carlos Checkley, quien mediante un fallo le dio facultades a la Fiscalía para interrogar, pudiera disponer la suspensión de Castillo.

La presentación de Castillo aleja ese hipotético escenario, anhelado también por la oposición en el Congreso que, bajo el liderazgo de partidos de derecha, busca la salida del gobernante, que llegó al poder de la mano del partido de izquierda Perú Libre, aunque ya renunció a la militancia.

Las investigaciones

Además del caso de oficiales que supuestamente pagaron por ascensos, al presidente se le investiga por la presunta recepción de sobornos para entregarle a una empresa la construcción de un puente y comprarle a otra compañía biodiesel para el Estado, lo que configuraría “organización criminal” y “colusión indebida”.

Las investigaciones fiscales también se refieren a supuestas maniobras de Castillo para impedir la captura de implicados que potencialmente podrían dañarlo con sus declaraciones y a un presunto plagio cometido en la tesis con que logró una maestría en Psicología Educativa. Además, hay otros casos en carpeta.

Aunque la primera investigación se abrió con el anterior fiscal general, Pablo Sánchez, quien rompió así la tradición de que las pesquisas a un presidente comenzaban terminado el mandato, la ofensiva ha aumentado en velocidad desde que Benavides asumió el cargo en julio.

Los movimientos de Patricia Benavides


Los elogios de la oposición para la nueva fiscal general se ensombrecieron en parte cuando esta semana expertos y algunos medios llamaron la atención sobre cambios que ha hecho en forma sigilosa y que presuntamente benefician, entre otros, a una hermana, la jueza Emma Benavides.

En efecto, la nueva titular del Ministerio Público removió del caso a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien avanzaba en la investigación a la jueza, acusada de recibir sobornos de un narcotraficante. A Revilla se le asignaron otras funciones, pero, molesta, optó por renunciar.

Por otro lado, también sin explicaciones previas, Benavides sacó al fiscal supremo Jesús Fernández del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, referido a una gigantesca red de corrupción enquistada en el aparato judicial de la que formaban parte jueces, fiscales, abogados e intermediarios, aunque después aseguró que fue el investigador quien le pidió el cambio por razones personales.

Para la abogada Cruz Silva, investigadora de temas de justicia de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), los cambios entorpecen los dos casos específicos: “(Los nuevos equipos) van a tener que comenzar a informarse desde cero. Algunos (fiscales) integrados no son especialistas penales ni tienen experiencia en corrupción o crimen organizado”.

Además, agregó Silva, los cambios tienen visos de ilegalidad, pues una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que solo se puede remover a un fiscal “si su nombramiento tenía fecha de caducidad o si ha sido disciplinariamente destituido”, lo que no pasó con Fernández ni con Revilla.

La fiscal general, que niega tener intereses subalternos, dice que los cambios se hicieron para “poner orden” en el trabajo. Además, asegura que en el caso de Fernández fue él quien pidió la remoción por “razones personales”.

Para portavoces de la oposición, la crítica del mandatario en ese marco apuntaba a desprestigiar a la Fiscalía para ayudarse a sí mismo. No obstante, expertos que también son críticos del Gobierno han dicho que no pueden taparse las presuntas irregularidades de Benavides.

Tras la sesión de este miércoles, se estima que Castillo también se presentará al próximo interrogatorio, previsto para el martes.

Castillo tiene además pendiente la designación de un nuevo gabinete ministerial tras la renuncia de su jefe, Aníbal Torres, que se concretará mañana, dos días antes del viaje que tiene previsto realizar el domingo a Colombia para asistir a la asunción del nuevo presidente, Gustavo Petro.

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