El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, el Gobierno Nacional, “está utilizando sueldos y jubilaciones para lograr su ajuste vía recesión, lo que impide a los grupos familiares acceder a la Canasta Básica Alimentaria”.

Esto surge, de los datos del indicador de Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE), donde los salarios de los trabajadores argentinos acumulan una caída del 24% respecto a la suba de precio, superando el mínimo histórico que habían alcanzado al final de la convertibilidad, que fue del 20%. Los datos indican que, en febrero, los salarios aumentaron un 11,5%, frente a una inflación del 13,2%, según informó el Indec a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, el salario promedio en febrero fue de $619.007,05, por debajo de la canasta familiar de pobreza, que se ubicaba en $690.901,57 para un matrimonio con dos hijos menores.

Los datos de 2023 indican que el salario promedio había terminado en $484.298,40, con un crecimiento del 149,4% en comparación con el año 2022, cuando era de $194.175,11 aunque el aumento no alcanzó para ganarle a la inflación, que trepó al 211,4% acumulado durante todo el año pasado.

El Funcionario Provincial, remarcó que, para el actual Gobierno Nacional, el congelamiento de jubilaciones e ingresos es un arma fundamental, la única, para que la inflación desacelere, pues, su plan es un ajuste vía recesión, algo que reconoció el propio Ministro de Economía, Luis Caputo, cuando admitió que no homologarán paritarias por encima de la inflación.

Paralelamente, como los precios no ceden, el Gobierno decidió también desincentivar el ahorro de los argentinos bajando tasas de interés de los plazos fijos. Todo es parte del mismo plan: que los ingresos no alcancen para comprar ni lo mínimo y que, en consecuencia, los precios tengan un desplome explicado solo en el derrumbe de la demanda.

En este sentido, Gialluca señaló que, “no podemos alegrarnos cuando vemos todos los días que los ingresos del sector público y privado no alcanzan para que los consumidores compren los alimentos y medicamentos, los cuales tienen actualmente precios injustificados, producto de la desregulación implementada por el Estado Nacional, donde los sectores concentrados generan aumentos desmedidos y una rentabilidad que queda en pocas manos, produciéndose una transferencia de ingresos desde el sector del trabajo hacia el sector de las finanzas, siendo este último, el único favorecido a la fecha”.